En medio de la creciente controversia por la concesión del hotel más exclusivo de Machu Picchu, el nombre de Rafael López Aliaga se ha convertido en el centro de un torbellino mediático. A pesar de las declaraciones de su abogado, que niega cualquier vínculo entre el alcalde de Lima y el lujoso Sanctuary Lodge, documentos oficiales revelan un panorama muy diferente.
La concesión del hotel, que venció hace apenas unos días, ha desatado una pelea intensa. Aunque Enrique Jersy, abogado de López Aliaga, asegura que el alcalde no es accionista de Perú Belmon Hotels, los registros contradicen esta afirmación. En su declaración jurada de intereses, López Aliaga figura como accionista de al menos 16 empresas, muchas de las cuales están directamente vinculadas a la concesión del Sanctuary.
La conexión entre el alcalde y el hotel se remonta a 1995, cuando el gobierno de Fujimori otorgó la concesión a Perú Hotel SA, empresa de López Aliaga. Desde entonces, la propiedad ha permanecido bajo su control, mientras que Belmont Hotels, que opera el lugar, solicita una extensión de cinco años, alegando inactividad debido a la pandemia y protestas sociales. Si Belmont gana, López Aliaga también se beneficiará.
La situación plantea serias preguntas sobre la transparencia del alcalde y su gestión. Mientras su abogado evita responder preguntas de la prensa, el público se pregunta: ¿quién realmente defiende los intereses de López Aliaga? La respuesta podría estar en los documentos que hablan por sí mismos, revelando una red de conexiones que podrían cambiar la percepción pública del alcalde.
En un momento en que la incertidumbre política y económica acecha a Perú, el escándalo en torno al Sanctuary Lodge podría ser solo la punta del iceberg en un juego de poder mucho más amplio. La trama se complica, y los ciudadanos están ansiosos por conocer la verdad detrás de la mano oculta de López Aliaga.